La estatal BOA volará, pese a las objeciones

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El ente regulador emitió ayer una resolución que avala el inicio de sus operaciones comerciales y recomienda al Gobierno no darle ventajas. La Superintendencia de Transportes aprobó ayer la resolución que autoriza el inicio de operaciones de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). “Autorizar a nombre del Estado Boliviano a Boliviana de Aviación–BoA empresa Pública Nacional Estratégica, para que preste Servicios de Transporte Aéreo Regular Nacional e Internacional de Pasajeros, Carga y Correo, por un período de cinco años”, señala el artículo primero de la resolución emitida ayer por el ente regulador del transporte.


Tres líneas aéreas privadas —AeroSur, Aerocom y Amaszonas— realizaron la semana pasada diferentes observaciones al inicio de operaciones de BoA. Entre otros, denunciaron irregularidades de certificación por parte del Gobierno y que además la estatal cuenta con subsidios que se constituyen en una ventaja frente a las demás aerolíneas. Al respecto, el artículo cuarto de la resolución del ente señala que “Boliviana de Aviación, al ser una empresa pública que actuará en un mercado donde participan operadores privados, está en igualdad de condiciones y debe regir su accionar bajo el mismo marco legal que las demás empresas, obteniendo los mismos derechos y obligaciones”.


En ese sentido, el documento recomienda en su parte de considerandos “que el Estado Boliviano debe evitar contravenir los preceptos señalados en los párrafos anteriores, otorgando a la empresa Boliviana de Aviación cualquier tipo de subsidio o subvenciones u otra norma legal que coloquen a dicho operador en una posición de ventaja sobre el resto de los operadores que actúan en el mercado boliviano”.


El 4 de marzo, La Razón informó que el Decreto 0015, emitido en febrero, libera a la estatal Boliviana de Aviación (BoA) de presentar boletas de garantía por la admisión temporal de sus aviones en el país; cuando la Ley General de Aduanas no exime a las entidades estatales de cumplir con esta obligación. El gerente de BoA, Ronald Casso, argumentó que las instituciones públicas no pueden presentar garantías.

Fuente: www.la-razon.com

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