Oficialismo intenta convertir en ley expropiación de Aerolíneas Argentinas

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El gubernamental peronismo intentará el miércoles que el Senado convierta en ley la expropiación de Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral, cuyo control pasó a manos del Estado argentino cuando la accionista mayoritaria, la española Marsans, entró en cese de pagos con una deuda de 890 millones de dólares.


La iniciativa fue aprobada a inicios de diciembre por la Cámara de Diputados, que envió para su sanción al Senado –donde el oficialismo tiene mayoría– el proyecto que declara a las firmas “de utilidad pública y sujetas a expropiación”.


El proyecto garantiza además la continuidad de operaciones de las aerolíneas y los puestos de trabajo de los 9.000 empleados. Por las compañías, que fueron privatizadas en 1990 en un controvertido proceso que está bajo la lupa judicial, el proyecto de ley prevé un pago simbólico de un peso (28 centavos de dólar) al grupo español, que rechazó de plano la valuación y advirtió que demandará a Argentina ante un tribunal internacional.


La expropiación de AA y su subsidiaria de cabotaje Austral se inscriben en un plan gubernamental de fortalecimiento del Estado como regulador y administrador, que incluyó la estatización de los fondos de jubilación privados por una ley del Congreso en noviembre pasado.


El texto bajo análisis del Senado prevé que el Estado no se haga cargo de la “deuda ilegítima” de AA y Austral y obliga a la administración estatal a presentar un plan de negocios en un plazo de 180 días. Un 40% de la deuda de 890 millones de dólares de Marsans es con el Estado argentino por omisión de pago de impuestos a la seguridad social y otros de orden fiscal, además de falta de pago de tasas de aeronavegabilidad a la Fuerza Aérea. El 60% restante, las empresas la tienen con entidades bancarias, por la compra de aeronaves y por pasajes pendientes de uso.


El Parlamento había sancionado a inicios de septiembre una ley que habilitó la reestatización de AA y Austral, pero las negociaciones entre el Estado y Marsans fracasaron por abismales diferencias en el valor de las compañías, en virtual bancarrota.


Mientras el Tribunal de Tasación de la Nación estimó un precio negativo de 832 millones de dólares, Marsans exigió el pago de unos 400 millones de dólares (positivo), en base a un informe del banco privado Crédit Suisse, cuya tasación tuvo en cuenta el futuro flujo de fondos y el valor de la marca de la aerolínea de bandera.


La presidenta peronista socialdemócrata Cristina Kirchner y ejecutivos de Marsans firmaron en julio pasado un acta-acuerdo para el traspaso de las compañías al Estado argentino. Los españoles exigen que se acuda a un tercer tasador independiente como contemplaba ese documento, pero Argentina se opuso. Directivos de Marsans anunciaron en noviembre que en caso de expropiación elevarían una demanda contra Argentina ante el CIADI (tribunal de arbitraje del Banco Mundial).


El Grupo también reclamó la intervención del gobierno español para alcanzar una solución negociada. Las empresas fueron vendidas a la española Iberia en 1990 y Marsans las compró en 2001 por el precio simbólico de un dólar, momento en que el erario público español hizo un aporte de capital de 750 millones de dólares para que funcionaran.


Desde que los españoles dejaron de operar las empresas, el gobierno argentino inyectó más de 200 millones de dólares para garantizar el servicio.

Fuente: AFP

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Augusto Cesar Sandino, El General de Hombres Libres. Defensor de la Soberanía Nacional

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