Tasas: la Fiscalía indaga a Quiport

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Tras el anuncio del alza de tarifas, Washington Pesántez abrió una indagación previa. Desde el 2006, USD 80,2 millones salieron del Mariscal Sucre a Tababela.


Las distintas tarifas que se cobran en el aeropuerto Mariscal Sucre ya han financiado USD 80,2 millones del presupuesto para la construcción del nuevo aeropuerto de Quito en Tababela.


Este Diario accedió a esas cuentas, manejadas por el concesionario Quiport, administrador de la plataforma y encargado de la nueva obra en el nororiente.


Las cifras muestran que el Mariscal Sucre generó un ingreso de USD 148,2 millones, entre enero del 2006, cuando la firma se hizo cargo, y octubre del 2008.


Sin embargo, el viernes Quiport anunció que desde el lunes próximo regirá un nuevo ajuste tarifario, para mejorar esos ingresos: los pasajeros que salen del país pagarán USD 44,30 (actualmente aportan USD 40,80) y los pasajeros que partan por la terminal nacional USD 9,40 (ahora es USD 7,60).


La resolución tuvo reacciones inesperadas. Una de ellas fue la decisión del fiscal general de la Nación, Washington Pesántez. Ayer, él dijo a EL COMERCIO: “Ordené el inicio de una indagación previa en contra de Quiport.


No voy a permitir que sigan abusando con el pretexto de una delegación que había hecho el Municipio para el cobro de tarifas. Ellos (el Cabildo) no podían delegar esas atribuciones”.


El alza prevista por el concesionario sería la cuarta en tres años a las tasas por la salida de pasajeros.


Desde hace 18 años, esa tarifa se mantuvo en USD 25, pero desde marzo del 2006 Quiport la elevó a USD 31,60, en diciembre de ese año la cambió a USD 37,90 y en agosto del año pasado, a USD 40,80.


En todos esos procesos, el contratista apeló a la Ordenanza 154, aprobada por el Concejo Metropolitano el 27 de octubre del 2005.


Esa resolución especifica que, “conforme con lo previsto en el numeral 2,8 de la cláusula 2 del contrato de concesión, es derecho exclusivo del Concesionario (Quiport) el recaudar, recibir y retener las tarifas aeroportuarias por los servicios que preste”.


La cláusula 2,8 está en la página 34 del contrato de concesión, suscrito en el 2002 entre la Corporación Aeropuerto de Quito y la Canadian Commercial Corporation (CCC).


Allí se señala que las tarifas “se aumentarán automáticamente en la fecha efectiva y en cada aniversario de la fecha efectiva, de acuerdo con el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de Estados Unidos y al IPC del Ecuador”.


Con ese aval, Quiport, que representa a la CCC, señala que el incremento anual del 2008 debió cumplirse en agosto. Barry Morocho, director financiero del concesionario, sostiene: “En dos años tenemos que generar USD 60 millones más para la construcción del nuevo aeropuerto, necesitamos la plata y la economía mundial nos pone a riesgo. Nadie nos garantiza que los emigrantes van a viajar igual que antes. Debemos prevenir”.


Según el fiscal Pesántez, “ya es hora de que se destape toda esa caja de Pandora del contrato para la concesión del nuevo aeropuerto. Pido a la Contraloría que entregue el informe final, porque la Fiscalía ya tiene abierta otra indagación previa para ver si existen infracciones”.


El funcionario dijo que se ha llamado a declarar a Morocho y que no descarta citar a los ediles que aprobaron la Ordenanza 154.Pero, además de Pesántez, el alcalde Paco Moncayo también expresó su molestia con el incremento de las tarifas.


La tarde del martes, él se reunió con representantes del Gobierno canadiense, entre ellos el embajador, Christian Lapointe, para insistir en que no se eleve más la tasa.


“Siempre se entendió que hubo consensos en el sentido de que antes de que se inaugure el nuevo aeropuerto no se debe producir ningún aumento de tarifas”, dijo el Burgomaestre.


El Municipio sí delegó los cobros a Quiport


El 27 de octubre del 2005, el Concejo Metropolitano aprobó la Ordenanza 154, que facultó a Quiport el cobro de tasas en el aeropuerto. Allí reza que estas se modificarán automáticamente, sin otra ordenanza ni requisitos.


Según el art. 1 de la Ordenanza, Quiport puede cobrar tarifas por la salida de pasajeros, aterrizaje de aviones, estacionamiento de aviones, iluminación para aviones, puente de embarque, rescate y control de tráfico aéreo.


El art. 5 de la Ordenanza dice que estarán exentos del pago de tarifas el Presidente de la República y aquellos que viajen con él, así como militares y policías que se hallen en cumplimiento de sus funciones oficiales.


La Ordenanza 154 fue aprobada en dos debates.Los concejales Macarena Valarezo y Augusto Barrera votaron en contra. El 28 de octubre del 2005, el alcalde Paco Moncayo certificó la resolución del Pleno.


Puntos de vista.


Dos lecturas a la reacción del Alcalde


Fernando Carrión /Concejal


‘No entiendo el cambio radical’Las declaraciones del Alcalde, en el sentido de que se opone al alza de tarifas me han llamado la atención. Él sabía que las tarifas iban a subir, porque eso estaba estipulado en el contrato de concesión. Sus declaraciones me traen a la mente el aforismo: “El diablo repartiendo escapularios”.


Este es un momento político y pienso que por eso actúa así el Alcalde, de otra manera no entendería un cambio tan radical. Las anteriores alzas de tarifas ni se han dado a conocer al Concejo, pero sí al Directorio de la Corpaq. Si no lo hicieron, está mal.


Gonzalo Ortiz /Concejal‘Quiport debió tener tacto’


Lo que se había propuesto es que la tarifa iba a subir hasta este escalón y que allí se quedaría congelada durante 35 años.Nosotros autorizamos eso, porque esta es la forma de compensar financieramente el hecho de que vamos a aprovechar el espacio del aeropuerto actual para la construcción del Parque del Lago, porque sino nos tocaba entregar los terrenos a la concesionaria, para que allí se haga un proyecto inmobiliario. Quiport no debe tomar esas decisiones unilateralmente. Se debió tener algo de tacto para comunicar al Alcalde.

Fuente: www.elcomercio.com

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