El valor de Aerolíneas es negativo

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La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones tiene en su poder un documento contundente sobre Aerolíneas Argentinas. El Estado no debería pagar ni un dólar por la compañía porque su valor es negativo. Controversia con los españoles.


El informe del Tribunal de Tasación de la Nación que llegó a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, al que accedió PáginaI12, denuncia que a julio pasado el “valor sustantivo o patrimonial” de Aerolíneas Argentinas es negativo en 832.897.880 dólares, cifra que se reduce a 622 millones de dólares si la técnica empleada es la del “flujo de fondos”.


Más allá de la certidumbre técnica de ese trabajo, la brecha con el precio que reclama el accionista privado es considerable y por ello en el ánimo parlamentario gana cuerpo la idea de avanzar con una eventual expropiación, ya que un acuerdo de partes se ve remoto. Pero para seguir este camino, la ley de reestatización votada un mes atrás no aporta mucho.


Según la norma que dispone la recompra de acciones de parte del Estado nacional, sancionada hace un mes, el Parlamento debe avalar el precio que calcule aquel órgano estatal. Se sabe que los tasadores públicos no han dispuesto de toda la información requerida para una tarea de semejante envergadura, y a realizar en tan corto plazo. Aun así, hay una producción oficial con aquellos reveladores resultados.


Marsans quiere vender el 95 por ciento de títulos en su poder cotizados según el método de flujo de fondos, por el cual se contempla la evolución del negocio en un período dado. Es decir, no tallan sólo los activos y pasivos actuales, sino la capacidad de la empresa de generar recursos bajo ciertas condiciones de mercado y equipamiento. Con esta consigna, el Crédit Suisse definió varios precios, acordes con distintos escenarios para la actividad, que oscilarían entre 250 y 480 millones de dólares.


Pero con la misma técnica, el Tribunal de Tasación llegó a un resultado muy diferente, según consta en el extenso trabajo bajo la lupa parlamentaria. Los peritos públicos consideraron la evolución del negocio a cinco años y actualizaron los ingresos a una tasa de descuento del 15,6 por ciento anual. Supusieron que la flota subiría de treinta y cuatro aeronaves a cuarenta y dos a fin del 2008 y treparía a cincuenta y dos en el 2012. Postulados similares a los de Marsans, pero que condujeron a un sitio opuesto.


Por esta técnica, Aerolíneas vale 546 millones de dólares y Austral, 76 millones. Es decir, un resultado negativo de 622 millones, al que el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, aludió días atrás. Pero la distancia es mayor aún si la técnica a considerar es la del valor sustantivo o patrimonial, por el cual el activo y pasivo de una empresa se tasan a precio de mercado. O, dicho de otro modo, resulta de calcular cuántos recursos le quedarían como remanente a su dueño si la empresa realizara todo su activo y cancelara su pasivo a precios de mercado.


Por esta técnica aquel número supera los 832 millones de dólares. La primera lectura que están haciendo los legisladores es que no hay razón para que el Estado desembolse un solo dólar para reestatizar Aerolíneas y Austral. Sin embargo, el acta-acuerdo firmada por Planificación y Marsans prevé que las partes tienen que arribar a un acuerdo sobre el precio o apelar al laudo de un tercero para que lo fije, dándole un carácter necesariamente oneroso a esta operación.


“La situación es de no retorno. Por ello sólo le queda al Estado el camino de la expropiación, previa declaración de nulidad del acta para evitar que los españoles acudan al Ciadi invocándola”, reclama el radical Rubén Lanceta, uno de los miembros de la Bicameral.


La comisión hoy se reunirá para discutir el tema y allí proliferan las ideas para cerrarles a los españoles ese eventual camino de un reclamo internacional porque el Gobierno se niega a cerrar una transacción comercial común. La ley de reestatización votada a fin de septiembre habilita la recompra de acciones en base a un precio que debe ser convalidado por el Congreso, donde hasta los oficialistas están ganados por el ánimo adverso a la alternativa de pagar.


El problema que empezó a avizorarse es que si el Estado adquiere acciones, tiene derecho a los activos pero también asume los pasivos. Esa carga quizá podría eludirse con una expropiación. Por ella se pondría un precio a los activos tangibles e intangibles, pero sin tener que afrontar la deuda, que a la fecha ya supera los 1000 millones de dólares. Según asesores legales de los parlamentarios, la ley de reestatización define el marco para comprar y vender acciones, pero no habilita una toma compulsiva. Y la de Expropiaciones permite al Estado tomar otros activos pero no títulos de propiedad. Así las cosas, para una jugada hostil quizá sea necesario sancionar una nueva ley.

Fuente: www.pagina

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