La reestatización de Aerolíneas y Austral: ¿una ley del punto final?

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No es la mejor definición, pero tiene la ventaja de ser comprensible. Algunos legisladores de la oposición empiezan a llamar “ley del punto final” al proyecto del Gobierno que promueve la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. Y no por la reestatización en si misma, sino por todo lo que con esa ley se santificaría.

Tal cual ya comentó Clarín, en los considerandos del texto oficial se denuncia una interminable lista de maniobras cometidas por los españoles del Grupo Marsans, desde 2001.


Inversiones y aumentos de capital comprometidos que jamás se cumplieron. Una deuda que casi de la nada saltó a 890 millones de dólares. Operaciones oscuras para transferirles las pérdidas a Aerolínas y las ganancias a Austral. Y la “voluntaria descapitalización” de la compañía, lo cual equivale a decir vaciamiento.


Lo que no aparece en el relato oficial, pero surge solito, es todo lo que el Gobierno no hizo y dejó hacer el tiempo que lleva en el poder. El texto habla del “Estado ausente”, para referirse a la privatización de Carlos Menem y a la falta de controles en los 90. Certero, el problema es que el mismo calificativo podría aplicarse al papel del Estado en el caso Aerolíneas, durante estos años más cercanos.


Con actores y hechos incluidos, este proceso quedaría sellado si se sanciona el proyecto tal como llegó al Congreso. Sencillamente, porque la ley da por aprobada el “Acta Acuerdo” que el Gobierno firmó con el Grupo Marsans. Es el “punto final” del que hablan algunos legisladores.


Pero hay más, y siempre por lo menos controvertido:


Los legisladores aprobarán que el costo de la compra y el funcionamiento de las empresas sea cargado al actual Presupuesto. Incluido el financiamiento que, según se lee, aportarán bancos privados y públicos y cualquier otro organismo oficial. Y si así sale, los números los pondrá el Ministerio de Planificación, pues en el proyecto no hay ninguno. O sea, se votarán partidas a ciegas.


Se dice que el precio que el Estado pagará por las acciones de las empresas deberá ser convalidado por el Congreso. Sin embargo, queda claro que antes de que esto ocurra ya habrán sido aprobadas el Acta y la facultad presupuestaria. Por una razón obvia: habrá ley, pero la determinación del valor de la operación demorará bastante tiempo.


Aquí mismo aparece otra zona oscura por donde se la mire. Según el Acta, el precio deberá ser acordado entre el Estado y el Grupo Marsans y si no hay arreglo, tal cual ya puede suponerse, la controversia será zanjada por un tribunal independiente. Más: la Argentina se compromete a acatar el fallo de ese tribunal.


Llegada esta instancia altamente probable, si el Congreso considera que el precio es excesivo o injustificado tendrá derecho a rechazarlo. Pero si Marsans lo juzga razonable, seguro que pleiteara contra el país, en base a lo que se firmó en el Acta. Y en este punto, la iniciativa del Gobierno se parece a una “ley candado”.


Hay otras conclusiones que saca la oposición. La primera, que bate a todo parche, es que el Estado se hará cargo de la deuda de las compañías: la que sea, pues aquí tampoco existen números definidos.


Otra: que el Estado -los contribuyentes, en realidad- pagará plata por Aerolíneas y Austral, aunque tampoco se sabe cuánta. Para eso, la ley busca cargar al Presupuesto de este año el costo de la compra de las acciones. Y por eso la palabra “precio” aparece unas cuantas veces en el texto oficial.


Una conclusión más, que sintetiza todo, es que los legisladores aprobarán una operación que se ignora cuánto sale.


El proyecto deja abierta la posibilidad de una reprivatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. Pero en ningún lugar se precisa cómo, en este caso, el Estado recuperará la plata que puso.


Va de suyo que mantener en funcionamiento a ambas compañías engrosará la parva de subsidios fiscales. Se sumarán a los que ya se van en sostener el sistema energético, en trenes, colectivos y subtes y en los fines más variados: según fuentes privadas, largos 12.000 millones de pesos en el primer semestre del año, 215% más que en el mismo período de 2007.


Un maquillaje contable para que los aportes a las empresas no se noten en las cuentas públicas: se dice que los gastos no se computarán en el resultado financiero. Esto es, que no achicarían el superávit, aunque es obvio que siempre serán fondos salidos del Estado Nacional. Indisimulables, al fin y al cabo.


Explícitas e implícitas, estas son algunas de las cosas que los diputados oficialistas defenderán y pretenden aprobar, a raja tabla, el jueves próximo. A pesar de que hay algunos díscolos en la tropa propia, que el jefe del bloque intentará convencer el martes, los números parecen darle al kirchnerismo. Tal vez, más cómodamente que cuando sacó las retenciones móviles, después tumbadas en el Senado.


Desde ya, el mal mayor es que la ley sea rechazada en el Congreso, pues el Gobierno cargaría con un nuevo y mayor costo.


Pero aun en el mejor de los supuestos, costos a las cuentas oficialistas igual habrá. Los políticos, por haber aprobado una ley así de controvertida y difícil de sostener. Más la plata que pondrán los contribuyentes, viajen o no en aviones.

Fuente: www.elclarin.com.ar

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