Chile: Se reenciende polémica por validez del “Impuesto Chirac”

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Creado por decreto de Ricardo Lagos días antes de dejar la Presidencia. La cuestionada alza en la tasa de embarque realizada hace dos años podría ser inconstitucional por tener un destino prefijado y no haber sido aprobada en el Parlamento. Sin embargo, Hacienda la defiende.

Cada vez que usted toma un vuelo internacional paga una tasa de embarque de US$ 30 que se supone sirve para mantener las instalaciones aeroportuarias. Pero, de ese monto, hay US$ 4 que no tienen que ver con el servicio ni con mejorar su seguridad, sino que se destinan a promocionar el turismo y a ir en ayuda de los pobres de África.


Justo días antes de dejar el cargo, el Presidente Ricardo Lagos firmó un decreto que aumentó la tasa de embarque de US$ 26 a US$ 30, aduciendo un aumento de los costos y nuevas necesidades aeronáuticas del país.


Sin embargo, esta alza no fue destinada a ello, sino que la mitad a promocionar el turismo (que se sumaba a un aporte de US$ 1 del 2002) y la otra a ayudar a la pobreza en África y cumplir así con un compromiso que él mismo había establecido con el entonces Mandatario francés, Jacques Chirac. Tal como Lagos lo anunció en su discurso presidencial del 2005, el país estaba trabajando activamente en el Grupo de Trabajo contra el Hambre, junto con Lula, de Brasil; Chirac, de Francia; Schroeder, de Alemania, y Rodríguez Zapatero, de España, y parte de esta agenda conjunta incluía imponerle el pago de US$ 2 a todos los pasajeros internacionales para ir a combatir el hambre.


A la fecha, tras el decreto del 2006, la Dirección de Aeronáutica Civil ha reunido US$ 17 millones 936 mil por el ítem turismo y ayuda a los pobres, sin contar lo acumulado en los meses que van del 2008.


Las dudas


El problema es que, por ley en Chile, no se pueden cobrar esos dólares a los pasajeros y, si nuestro país quería ser solidario y promover el turismo, tenía que hacerlo a través de los fondos generales y no cabía gravarles a pasajeros ningún monto con fines específicos.


“Al poco tiempo de que fuera aprobada la iniciativa de destinar el cobro de US$ 2 dentro de la tasa de embarque al Fondo para la Pobreza, se supo que esto no era posible, ya que la ley no permite que dineros incluidos dentro de esta tasa sean utilizados para fines distintos a mejoras en infraestructura aeroportuaria. Por lo tanto, no tenemos certeza de que finalmente se esté contribuyendo a combatir la pobreza, porque hasta el momento desconocemos el destino de esos fondos que ya han sido y siguen siendo cobrados a nuestros pasajeros”, comenta Patricio Sepúlveda, vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su siglas en inglés), quien asegura no entender por qué si hay un decreto listo que baja la tasa a US$ 28, aún después de dos años, no ha sido firmado por la Presidenta Bachelet.


Una opinión similar tiene Italo Guerinoni, el presidente de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila).


En la DGAC, el secretario general, Pablo Ortega, confirmó a “El Mercurio” que ellos han recolectado la totalidad de los recursos de los derechos de embarque, pero que sólo pueden incluir dentro de su presupuesto y gastar US$ 25 por pasajero. El 2008 las tasas de embarque aportarán un 64% al presupuesto total y les permitirán seguir autofinanciándose y hacer nuevas inversiones.


Los otros dólares


Pero, junto con esos US$ 25, la DGAC recolecta los US$ 5 restantes de pobreza y turismo, que han pagado los cinco millones de pasajeros que se han embarcado en vuelos internacionales durante estos dos años y medio. El monto total lo han debido traspasar al Ministerio de Hacienda, ente que según ellos, ha traspasado los montos a sus arcas fiscales.


Aquí quisimos investigar dónde están estos casi US$ 18 millones acumulados en los dos últimos años y que fueron traspasados a Hacienda, en al menos dos etapas. El primer año se traspasaron US$ 7 millones 302 mil, correspondientes al 2006, y en marzo del 2008 se hizo un segundo traspaso por US$ 10 millones 634 mil. A la fecha, el pozo total recolectado por la DGAC por estos dos conceptos debiera ser cercano a los US$ 20 millones, sumando los meses del 2008.


Por eso consultamos sobre el tema y el destino de estos fondos al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Transporte y a la Contraloría.


“Tanto nosotros como la comunidad y los pasajeros desconocemos el destino de estos fondos, lo cual nos parece gravísimo y creemos que es urgente aclararlo”, dice Sepúlveda.


Consultada por “El Mercurio” la Contraloría dijo no haber emitido informes sobre el alza de las tasas de embarque, porque no figura programado para ser fiscalizado de foma anual. Sin embargo, frente a una denuncia, y con antecedentes fundados, podrían establecer un proceso de fiscalización al respecto.


US$ 20 millones


para pobreza y turismo es el monto que ha recogido la DGAC a través de la tasa de embarque desde 2006.


Expertos detallan las irregularidades constitucionales


1


La tasa de embarque es considerada constitucionalmente un tributo, porque es imposible sustraerse de ella sin ver afectada la libertad ambulatoria, que permite moverse libremente por y hacia fuera del país; y como todo tributo, debe ir al patrimonio general de la nación, y no pueden estar afectos a un destino determinado. “La tasa de embarque y, desde luego, su aumento son inconstitucionales”, explica el abogado constitucionalista Arturo Fermandois.


2


Según nuestra Constitución los tributos tienen tres limitaciones, y que en este caso de la tasa de embarque y su alza, se incumple en dos.


El primer incumplimiento es que en nuestro país estos cargos sólo pueden imponerse por ley, pasando por el congreso, y jamás por decretos, como sucedió en este caso.


3


Los tributos no pueden estar afectos a fines específicos, lo que se conoce como principio de no afectación tributario, y fue agregado a la Constitución para evitar que todos los impuestos estuvieran previamente asignados y que el ejecutivo no contara con flexibilidad para la destinación de recursos y su ley de presupuesto.


Si bien en nuestro país, por una ley transitoria, se permite que aquellos tributos de afectación vigentes a 1981 se mantengan, la Constitución no permite que se ajusten, y mucho menos que se agreguen nuevos destinos, como el turismo y la ayuda a los pobres de África, lo que lo hace “más inconstitucional” todavía, como dice Fermandois.


Al respecto, el Tribunal Constitucional ha emitido dos fallos relevantes y con conclusiones que se aplican a este caso, Caso Aduanas 1996 y Estadios el 2007 contra Rentas Municipales II.


Voces que no han sido escuchadas: IATA, LAN y la Subsecretaría de Aviación


Jorge Awad, presidente del directorio de LAN, envió una carta al director de El Mercurio”El Mercurio”, publicada el 22 de marzo del 2006 alegando que el decreto con fecha 2 de marzo explicaba el alza del tributo en el encarecimiento de los costos y nuevas inversiones que se necesitaban en materia aeronáutica, pero que en la realidad estos cuatro dólares se usarían con fines distintos.


“Lo supuestamente anunciado ya no sería pagar a la DGAC aquello que la ley y su reglamento establecen, sino hacer frente a compromisos internacionales adquiridos por el Gobierno, además de fomentar el turismo, cuestiones que son parte de los ‘gastos generales de la nación’ y no de cargo a una industria en particular”, decía la carta. Consultado al respecto, Awad manifestó mantener, más de dos años después, su posición frente a este tema.


En octubre de 2006, Patricio Sepúlveda, vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que reúne a más de 260 líneas aéreas, envió una carta al ministro de Transportes y Telecomunicaciones de la época, Sergio Espejo.


En la misiva se preguntaba a la autoridad por qué aún no se firmaba el decreto que rebajaba a US$ 28 el cobro de la tasa de embarque, a pesar de que había sido anunciado un par de meses antes, y que significaba que los US$ 2 para la pobreza de África provendrían directamente de los fondos generales del Estado y no serían cobrados a través de la tasa a los pasajeros internacionales. “Han pasado los meses, y a pesar de que el decreto se encuentra listo, sólo faltaría que se haga efectivo mediante la firma de Su Excelencia la señora Presidenta de la República”, decía el texto.


Más de un año después, en octubre de 2007, la IATA -a través de Sepúlveda- nuevamente envió una carta a la autoridad, esta vez dirigida al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, con copia a José Goñi, ministro de Defensa, y a René Cortázar, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, entre otras personas. En ella se insistía en por qué no se aplicaba la medida, cuando estaba aprobada y sólo faltaba la firma de la Presidenta.


“Al no revisar esta materia, se continúa manteniendo paralizado un importante capital que hasta la fecha suma más de US$ 5 millones, costo injustificado y sin destino cierto en el que están incurriendo los pasajeros que día a día salen de Chile al extranjero”.


En ambas oportunidades la IATA no recibió ningún tipo de respuesta a la solicitud.


Hace más de un año, la Subsecretaría de Aviación pidió a Hacienda que se rectificara la medida. “Estamos a la espera de que se apruebe la modificación, y no tenemos mucho más que hacer al respecto. La decisión corresponde a Hacienda. A nosotros nos interesan los recursos que van a aeronáutica, lo otro no depende de nosotros”, dijo el subsecretario Raúl Vergara a “El Mercurio”.

Fuente: www.economiaynegocios.cl

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