Aeropuerto: La gestión se regularía

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La nueva Constitución determina que el Estado central tendrá competencia sobre los aeropuertos. Sin embargo, también contempla la colaboración de gobiernos locales en su manejo.


La Constitución de 1998, vigente, no establece que los aeropuertos sean administrados por los municipios. De hecho, tampoco dice de forma explícita que el Gobierno central deba hacerlo. Aunque la transitoria trigésimo séptima hace una precisión.
 
“Los ingresos provenientes del cobro de tasas por el uso de facilidades aeroportuarias deberán destinarse exclusivamente para cubrir las necesidades de inversión y operación de los aeropuertos… salvo las asignaciones establecidas a favor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana”.
 
Pese a ello, el 24 de octubre del 2000, a través del Decreto Ejecutivo 885, el entonces presidente Gustavo Noboa delegó al Municipio de Quito el manejo del aeropuerto de la capital.
 
Con esa base, la Alcaldía creó la Corporación Aeropuerto de Quito (Corpaq), entregó la administración y construcción de la nueva plataforma en Tababela a Quiport y autorizó que dicha contratista  recaude e incremente las tasas aeroportuarias (USD 140 millones hasta el 2010).
 
Ese escenario podría cambiar con la nueva Constitución. Por primera vez, la Carta Magna establece un marco legal. El artículo 261otorga “competencias exclusivas” al Estado central.
 
En su numeral 10 precisa que bajo su manto estarán los “puertos y aeropuertos” del país. Así, el sistema aeroportuario de Quito, que desde el 2002 está concesionado a Quiport, regresaría al control estatal.
 
Diego Pachel,  de la Corporación Aeropuerto de Quito (Corpaq), se aferra a otro  artículo de la nueva Carta Magna: el 260. Este señala que en el ejercicio de  competencias exclusivas el Estado no  excluirá de participación a los distintos  niveles del Gobierno, en un nivel de colaboración o de complementariedad.
 
Eso incluiría a los municipios y prefecturas provinciales. “Hay la posibilidad de que el Gobierno central decida, como parte de su competencia exclusiva, administrar el aeropuerto a través del Municipio”, señala Pachel.
 
Pero si, por el contrario, la Dirección de Aviación Civil (DAC) vuelve  a administrar el aeropuerto, “implicaría una ruptura  del contrato y un  proceso de reclamo de  indemnización del concesionario Quiport”.
 
Según el contrato, esa compensación al concesionario sería millonaria. Además de asumir los pagos de los préstamos para la obra, Corpaq  deberá pagar los ingresos que Quiport tenía previsto recibir  en los 35 años de concesión. Según el concesionario, el proyecto costará USD 590 millones.
 
Hasta ahora, Quiport asegura que  recibió USD 163,2 millones de préstamos y que  invirtió otros USD 44,3 millones en la obra, que se inició en el 2005 y ahora tiene un 25% de avance, eso pese a que cada día recibe recursos por las tasas aeroportuarias del Mariscal Sucre.   
 
Para Sandra Reed, asesora legal de  Quiport, los contratos se rigen por las disposiciones vigentes a la fecha de celebrarlos. “Las partes solo pueden contraer derechos y obligaciones con base en esas  disposiciones”.


Punto de Vista. Paco Moncayo/ Alcalde 
 
‘Para mí, este articulado es un avance’
Hay que ser fiel a la verdad. Veo que en esta campaña por el ‘sí’  y por el ‘no’ comienzan a decirse verdades a medias. No se puede leer el artículo 261 sin haber leído el artículo 260. En el 260 se estipula que el Gobierno central podrá actuar en proyectos referidos a puertos, aeropuertos, Registro Civil y espacio electromagnético en colaboración y cooperación con gobiernos locales.
Es decir, para mí significa un avance, pues dice que las competencias exclusivas no las hará solo el Gobierno central, sino que las podrá hacer con los municipios. Esto aplica un principio universal moderno de subsidiaridad, que dice que los gobiernos central, intermedio y local deben trabajar  en equipo.
 
Punto de Vista. Fernando Carrión/ Concejal
 
‘Así se podrá corregir la fiscalización’
Cuando la administración de los aeropuertos se descentralizó, en Quito nació la opción de construir el nuevo aeropuerto. Pero ese proyecto tiene algunos problemas y no depende exclusivamente de  la transferencia de las competencias, sino de la modalidad de gestión que fue adoptada, de la modalidad del concurso público que se siguió y de algunas características técnicas que tiene el aeropuerto. 
 
Creo que con el nuevo articulado  se podrían corregir ciertas falencias y establecer un sistema de fiscalización y seguimiento mucho más exigente que el que se tiene hasta el momento. En el modelo de gestión es conveniente establecer un proceso en donde  no solo se beneficie a Quiport.

Fuente: El Comercio

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Augusto Cesar Sandino, El General de Hombres Libres. Defensor de la Soberanía Nacional

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