Admiten que habrá problemas en los vuelos de Aerolíneas

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Según De Vido, las operaciones normales están garantizadas sólo hasta el jueves.

A pesar de la euforia que el Gobierno le insufló esta semana al anuncio de reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, los problemas que en los últimos tiempos venían mostrando ambas compañías podrían incrementarse y complicar la gestión, que estará en manos del Estado.


Bastaron, al respecto, las palabras del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ayer, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Ante la consulta sobre las operaciones para las vacaciones de invierno, el ministro contestó que sólo estaban aseguradas para los próximos seis días.


“Tenemos garantizado el servicio hasta el 31 de julio, y en agosto trabajaremos en el día a día para afrontar ese período de alta demanda”, dijo De Vido. Habló acompañado por el nuevo jefe de Gabinete, Sergio Massa; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el gerente general de la línea aérea desde esta semana, Julio Alak.


El encuentro sirvió también para despejar algunas inquietudes respecto de la continuidad de dos figuras del Gobierno cuya permanencia estaba en duda en las últimas horas, tras el alejamiento de Alberto Fernández de la Jefatura de Gabinete: pocos momentos después de jurar en el cargo, en su primera conferencia de prensa, Massa estuvo acompañado tanto por De Vido como por Jaime.


El tema en cuestión fue el envío al Congreso del proyecto de reestatización de Aerolíneas y Austral. A la derecha del jefe de Gabinete, De Vido repitió ayer la frase que había soltado anteayer, luego de reunirse con los representantes de los gremios: “La compañía se va a mover con un absoluto criterio de austeridad y de operatividad”.


Massa tuvo la misma intención de despejar preocupaciones: “Con la participación del Parlamento, lo cual dota al proceso de mucha fortaleza institucional, vamos a garantizar los niveles de información pública necesarios respecto de una cuestión tan delicada desde el punto de vista patrimonial”. A la luz de lo que ocurre con otras empresas u organismos que están en poder del Gobierno, la propuesta fue novedosa: en los últimos tiempos se ha vuelto prácticamente imposible obtener información sobre los números de la petrolera estatal Enarsa o la línea aérea Lafsa, así como también datos del abastecimiento energético contenidos en la Secretaría de Energía o en entes reguladores.


Comité de transición


Horas antes, Alak había confeccionado el comité de transición que conducirá las empresas en los próximos días.


Estará compuesto por dos representantes del Estado -Vilma Castillo, una de las directoras estatales en la aerolínea, y Juan de Dios Cincunegui, colaborador de Guillermo Francos, presidente del Banco Provincia- y dos del grupo español Marsans, ex controlante de las compañías: Vicente Muñoz, gerente corporativo financiero del grupo, y Eduardo Aranda, hombre de confianza de los accionistas Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán.


El convenio firmado entre el Gobierno y el grupo Marsans decía que el gerente general debía ser designado mediante un acuerdo de ambas partes. Este punto desencadenó una breve discusión el viernes pasado por la mañana, luego de que Jaime anunciara unilateralmente que el comité de transición estaría integrado por “tres representantes del Estado y dos del grupo Marsans”.


Cuando los representantes españoles le recordaron que el documento fijaba la necesidad de un consenso para ese cargo, el secretario de Transporte se disculpó y esgrimió que se había equivocado. Pero, como la intención del grupo Marsans era ya abandonar el país, hizo la concesión.


La verdadera pelea será en realidad por el valor de las compañías. “Nuestro interés es que el precio final al que se arribe sea auditado y aprobado por el Congreso”, dijo ayer De Vido. En esa tarea estarán el Tribunal de Tasación Nacional y la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.


¿Un socio privado?


De Vido insistió en una pretensión que el sector aerocomercial argentino ve con cierto escepticismo: el Gobierno prevé la incorporación de capital privado en la empresa, aunque eso no implica, dijo, que el Estado “vaya a desentenderse del servicio”. Analistas, sindicalistas y ejecutivos de la industria afirman que será complicado encontrar un socio en el corto plazo, dadas las dificultades que tiene la empresa y la complejidad del sector, cuyos costos crecen por el aumento en el precio del petróleo.


La postura en favor de la incorporación de capital privado contrasta con las aspiraciones de la mayoría de los representantes sindicales de la compañía, que señalaron en varias ocasiones su apoyo a una aerolínea completamente estatal. En el sector privado calculan que los plazos para sanear la compañía y ponerla en funcionamiento como corresponde para hacerla atractiva a inversores independientes será de al menos de unos dos años.


De Vido agregó que el capital privado que ingrese en la compañía será “controlado, chequeado y verificado por el Congreso”. De todos modos, admitió que el proyecto “no fija plazos” para la reprivatización y agregó que se había comunicado con los directores Alak y Castillo para “formalizar un plan a corto, mediano y largo plazo”.

Fuente: www.lanacion.com.ar

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