Aeropuerto funciona con equipo prestado

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Se deben mangas, fajas, rayos X, escaleras eléctricas, ascensores y muelles de abordaje, entre otros.


El compromiso de pagar $40 millones (Q304 millones) para el equipamiento del Aeropuerto Internacional La Aurora se incumplió, lo cual pone en riesgo el funcionamiento del aeródromo, debido a que el efectivo se le debe a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la cual corrió con los gastos para equipar las nuevas instalaciones.


Las sillas para pasajeros de salida, fajas de equipaje, equipo de seguridad para chequeo y distribución de todo el equipaje, nuevo sistema de rayos X, escaleras eléctricas, ascensores de pasajeros y de carga, aire acondicionado y generadores eléctricos, entre otros materiales, no han sido cancelados, informa la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).


El Acuerdo Gubernativo 531-2007 dio vida al Fideicomiso de Administración Nueva Aurora, el cual estaba constituido por un plazo de 15 años, pero que al final tuvo vida solamente 20 días. Este fideicomiso sería cancelado con el impuesto de salida de pasajeros y de los ingresos generados por el edificio de parqueos, que en total suman Q800 mil mensuales, así como “con los productos que genere el patrimonio de la DGAC”, se detalla en el documento.


También se describe que el trámite tenía como objetivo “efectuar el pago de las cuotas o rentas de el o los contratos de arrendamiento financiero, con opción a compra a la DGAC para el equipamiento del Aeropuerto La Aurora”; sin embargo, por “sorpresa” para las autoridades, fue derogado.


Los acuerdos


El Acuerdo Gubernativo 612-2007, firmado por el presidente Óscar Berger; el ministro de Comunicaciones, Francisco Unda, y el secretario general de la Presidencia, Jorge Arrollave, derogó el 531-2007; ahora, los $40 millones se le adeudan a OACI y el pago es incierto por las actuales autoridades (vea: Reversión).


Se intentó obtener la opinión de Berger, pero en su residencia se informó que estaba “en su finca”, mientras que Arroyave no contestó las llamadas en su teléfono celular.


Unda argumentó que se había solicitado un plan leasing con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), “pero puso sus peros”, y sugirió que se hiciera por medio del fideicomiso.


“Jorge Arroyave lo revisó y dijo: Mejor echémonos para atrás, porque ahorita están muy mal vistos los fideicomisos; estamos saliendo del gobierno y no vale la pena (…) Fue una decisión política y se regresó a la primera idea, que era hablar con el banco, pero ya no nos dio tiempo” explicó Unda. Según el ex funcionario, el BCIE pide hacerlo con un acuerdo ministerial, pero ello no se ha hecho.


“En este momento, OACI está a la espera de que se le cancele lo que ya invirtió; hay que pagarles y ser leales con ellos, pero no tenemos nada por la incertidumbre de la derogación”, refirió José Manuel Moreno, director de Aeronáutica Civil.


Del fideicomiso sabe la Procuraduría General de la Nación (PGN), porque se le solicitó opinión.


“No se encontró ninguna deficiencia ni problema en que se manejara un fideicomiso con sus propios ingresos, pero de la derogatoria no sabemos, porque es una decisión del Presidente y no es necesario que pase por nosotros”, expuso el titular de ésta, Mario Gordillo.


Pese a no existir acuerdo alguno, Gordillo enfatiza: “El Estado tendrá que pagar las obligaciones adquiridas. La intención era que con los propios ingresos se pagara el equipo; si se adquirieron compromisos, ahora tienen que cumplir”.
El penalista Fernando Linares Beltranena explica que si existe un contrato por arrendamiento y el Estado lo rescindió unilateralmente, “hay responsabilidad civil y se puede demandar al Estado por incumplimiento, y podría ser una demanda millonaria”.


Pago incierto


El presidente Álvaro Colom opinó que “es una barbaridad” lo ocurrido, e indicó que ya se iniciaron las investigaciones de lo erogado “rubro por rubro, para ver dónde se encaramó ese costo que no nos cuadra”. Incluso, detalló que podrían dejar de otorgarles fondos a OACI, entre otras medidas (lea: Colom prevé intervenir).


El ministro de Comunicaciones, Luis Alejos, detalló que la deuda, ya definida, es de $44 millones, la cual se desglosa en $40 millones que se deben a OACI, y $4 millones en la compra de equipamiento en diciembre. “Todo lo que sea deuda contractual del Estado, que se compruebe legalmente, va a ser cancelada”, manifestó.
 

Fuente: www.sigloxxi.com

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